La incertidumbre reinaba ayer en el mercado Central de San Salvador y sus alrededores, ante el temor de nuevos enfrentamientos entre vendedores y agentes municipales, e incluso entre vendedores del pabellón 10 y los que quieren vender en la vía pública.
El principal centro de abastos de la capital lucía ayer con escasos visitantes, mientras empleados de la comuna limpiaban la zona donde el martes chocaron comerciantes y agentes en una disputa por la ocupación de calles y aceras.
La calma, sin embargo, estaba enmarcada en tensión. Ayer, una vendedora del pabellón 10 seguía atenta a lo que ocurría afuera y no despegaba el ojo a los agentes ni a la posibilidad de que apareciera una turba de colegas como la que llegó a amenazarlos el lunes. El hecho casi se concretó el martes, al menos según ella percibió. “Yo solo le pedí a Dios que alejara a esos diablos porque pensé que nos quemarían vivos.”
Se refería a los que quieren vender sobre la 12.ª calle poniente y que han tenido el respaldo del dirigente Pedro Julio Hernández. Ella teme que cumplan la amenaza de incendiar el pabellón 10, donde están quienes tras meses de pláticas con la municipalidad aceptaron ordenarse.
La mujer trataba de descubrir rostros de los agresivos socios de ANPECOVAL, y lo mismo hacían otros en las ventas y negocios formales de afuera. “Solo les pedimos que no se alejen tanto, porque nos da miedo que los que tiran piedras regresen”, rogaba el dueño de un negocio del pasaje Acosta a un jefe del CAM que patrullaba la zona.
Frente al portón principal del cementerio General, un grupo de vendedores retiraban la mercadería decomisada el lunes por la madrugada. “He venido porque no queremos que nos estén vinculando con esas asociaciones, nosotros no queremos pleitos”, dijo una comerciante, quien, al igual que otros vendedores que objetan la violencia, prefirió el anonimato por temor a represalias.
La lucha ayer se libró con métodos más civilizados. Los que se dijeron agredidos por los agentes llegaron a la Asamblea Legislativa a pedir que se investigue el uso desproporcionado de la fuerza.
Tildaron de “actos de terrorismo” la actuación del CAM. La petición fue respaldada inicialmente por diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC), del cual el dirigente Pedro Julio Hernández ha sido asesor legislativo.
Además, Hernández anunció que demandarán a las autoridades municipales por robo, hurto y lesiones. Ayer mismo, acudieron a la Fiscalía a hacer la denuncia.
En el río revuelto, el jefe de la bancada legislativa de ARENA, Guillermo Gallegos, anunció al pleno la solicitud de que se cree una comisión especial que investigue la actuación del CAM, pues temen que haya usurpado funciones de seguridad pública que la ley reserva a la Policía Nacional Civil. Por el FMLN, partido que gobierna la comuna capitalina, Salvador Arias dijo que esperarán un informe sobre los incidentes antes de posicionarse.
Quizás un perdedor de los incidentes del martes fue el procurador de Derechos Humanos, Óscar Luna, porque estaba sirviendo de mediador entre las partes. Sin embargo, defendió su trabajo, pues dijo que estaba por proponer una solución cuando la alcaldía decidió retirar las ventas, lo que calificó como “una estrategia poco transparente de la alcaldía, que desalojó de madrugada, y eso denota que algo no anda bien; así como el decomiso de mercadería, algo que no me parece correcto.”
El principal centro de abastos de la capital lucía ayer con escasos visitantes, mientras empleados de la comuna limpiaban la zona donde el martes chocaron comerciantes y agentes en una disputa por la ocupación de calles y aceras.
La calma, sin embargo, estaba enmarcada en tensión. Ayer, una vendedora del pabellón 10 seguía atenta a lo que ocurría afuera y no despegaba el ojo a los agentes ni a la posibilidad de que apareciera una turba de colegas como la que llegó a amenazarlos el lunes. El hecho casi se concretó el martes, al menos según ella percibió. “Yo solo le pedí a Dios que alejara a esos diablos porque pensé que nos quemarían vivos.”
Se refería a los que quieren vender sobre la 12.ª calle poniente y que han tenido el respaldo del dirigente Pedro Julio Hernández. Ella teme que cumplan la amenaza de incendiar el pabellón 10, donde están quienes tras meses de pláticas con la municipalidad aceptaron ordenarse.
La mujer trataba de descubrir rostros de los agresivos socios de ANPECOVAL, y lo mismo hacían otros en las ventas y negocios formales de afuera. “Solo les pedimos que no se alejen tanto, porque nos da miedo que los que tiran piedras regresen”, rogaba el dueño de un negocio del pasaje Acosta a un jefe del CAM que patrullaba la zona.
Frente al portón principal del cementerio General, un grupo de vendedores retiraban la mercadería decomisada el lunes por la madrugada. “He venido porque no queremos que nos estén vinculando con esas asociaciones, nosotros no queremos pleitos”, dijo una comerciante, quien, al igual que otros vendedores que objetan la violencia, prefirió el anonimato por temor a represalias.
La lucha ayer se libró con métodos más civilizados. Los que se dijeron agredidos por los agentes llegaron a la Asamblea Legislativa a pedir que se investigue el uso desproporcionado de la fuerza.
Tildaron de “actos de terrorismo” la actuación del CAM. La petición fue respaldada inicialmente por diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC), del cual el dirigente Pedro Julio Hernández ha sido asesor legislativo.
Además, Hernández anunció que demandarán a las autoridades municipales por robo, hurto y lesiones. Ayer mismo, acudieron a la Fiscalía a hacer la denuncia.
En el río revuelto, el jefe de la bancada legislativa de ARENA, Guillermo Gallegos, anunció al pleno la solicitud de que se cree una comisión especial que investigue la actuación del CAM, pues temen que haya usurpado funciones de seguridad pública que la ley reserva a la Policía Nacional Civil. Por el FMLN, partido que gobierna la comuna capitalina, Salvador Arias dijo que esperarán un informe sobre los incidentes antes de posicionarse.
Quizás un perdedor de los incidentes del martes fue el procurador de Derechos Humanos, Óscar Luna, porque estaba sirviendo de mediador entre las partes. Sin embargo, defendió su trabajo, pues dijo que estaba por proponer una solución cuando la alcaldía decidió retirar las ventas, lo que calificó como “una estrategia poco transparente de la alcaldía, que desalojó de madrugada, y eso denota que algo no anda bien; así como el decomiso de mercadería, algo que no me parece correcto.”
